Denuncia de HRW: Rebeldes asesinan y secuestran a civiles en Latakia

A continuación se transcribe el comunicado de prensa de Human Rights Watch (HRW), en el que se denuncian los ataques contra la población civil en la provincia siria de Latakia por parte de los grupos armados  fundamentalistas Ahrar al-Sham, el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL/ISIS), Jabhat al-Nusra, Jaish al-Muhayirin wal-Ansar y Suquor al-Izz, que dicen combatir al régimen de Bashar al Assad.

Siria: Los rebeldes están cometiendo ejecuciones y tomando rehenes

Los ataques planificados contra civiles constituyen crímenes contra la humanidad

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Fosa común en la comunidad de Sleibeh al-Hamboushieh.
© 2013 Human Rights Watch

(Nueva York) – Grupos armados de la oposición en Siria han matado al menos a 190 civiles y han tomado más de 200 rehenes durante una ofensiva militar que se inició en la gobernación rural de Latakia el 4 de agosto de 2013, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Al menos 67 de las víctimas fueron ejecutadas o asesinadas ilegalmente en la operación llevada a cabo en aldeas alauíes progubernamentales.

El informe de 105 páginas, “‘You can still see their blood’: Executions, Indiscriminate Shootings, and Hostage Taking by Opposition Forces in Latakia Countryside” (“‘Aún puede verse su sangre’: Ejecuciones, tiroteos indiscriminados y toma de rehenes por las fuerzas de la oposición en la zona rural de Latakia”), aporta evidencias de que los civiles fueron asesinados el 4 de agosto, el primer día de la operación. Dos grupos de la oposición que participaron en el ataque, el Estado Islámico de Irak y Sham y Jaish al- Muhayirin wal-Ansar, continúan manteniendo a personas como rehenes, en su mayoría mujeres y niños. Los hallazgos sugieren que los homicidios, la toma de rehenes y otros abusos alcanzan el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, advirtió Human Rights Watch.

“Estos abusos no fueron las acciones de combatientes aislados”, dijo Joe Stork, director en funciones para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Esta operación fue un ataque coordinado y planificado contra la población civil de estos pueblos alauíes”.

Para proporcionarles a las víctimas una medida de justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) debería referir inmediatamente a Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), señaló Human Rights Watch. Human Rights Watch también ha documentado crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno sirio.

Para el informe, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación sobre el terreno y entrevistó a más de 35 personas, incluyendo a residentes que sobrevivieron la ofensiva, el personal de servicios de emergencia, así como combatientes y militantes tanto del gobierno como de la oposición.

Human Rights Watch descubrió que al menos 20 grupos armados distintos de la oposición participaron en la operación a la que alternativamente se hace referencia como la “campaña de los descendientes de Aisha, la madre de los creyentes”, la “ofensiva de Barouda”, o la “operación para liberar la costa”, que duró hasta el 18 de agosto. No está claro si todos o la mayoría de estos grupos se encontraban en estas aldeas el 4 de agosto, que es cuando parece que se cometieron casi todos los abusos.

Sin embargo, cinco grupos que eran los principales recaudadores de fondos, organizadores y ejecutores de los atentados estuvieron sin duda presentes desde el inicio de la operación el 4 de agosto: Ahrar al-Sham, el Estado Islámico de Irak y Sham, Jabhat al-Nusra, Jaish al-Muhayirin wal-Ansar y Suquor al-Izz. Human Rights Watch concluyó a partir de múltiples entrevistas, su investigación sobre el terreno y una revisión de las declaraciones de la oposición y videos, que estos cinco grupos armados son responsables de incidentes específicos que constituyen crímenes de guerra.

A través de la investigación sobre el terreno, declaraciones de testigos, videos y fotografías y una revisión de historiales hospitalarios, Human Rights Watch determinó que las fuerzas de la oposición mataron ilegalmente por lo menos a 67 de los 190 civiles muertos que fueron identificados. Para el resto de los fallecidos, es necesaria una investigación más amplia que determine las circunstancias de sus muertes y si las víctimas murieron como resultado de homicidios ilegítimos.

El alto número de víctimas civiles, la naturaleza de las heridas registradas (por ejemplo, heridas múltiples de bala y de arma blanca) y la presencia de 43 mujeres, niños y ancianos entre los muertos indican que las fuerzas de oposición mataron de forma deliberada o indiscriminada a la mayoría de las víctimas restantes.

La escala y el patrón de los graves abusos cometidos por grupos de oposición durante la operación indican que eran sistemáticos y planificados como parte de un ataque contra una población civil. La evidencia sugiere que los homicidios, la toma de rehenes y demás abusos cometidos por las fuerzas de la oposición a partir del 4 de agosto ascienden al nivel de crímenes contra la humanidad, dijo Human Rights Watch.

Es posible que los comandantes locales y superiores de Ahrar al-Sham, el Estado Islámico de Irak y Sham, Jabhat al-Nusra, Jaish al-Muhayirin wal-Ansar y Suquor al-Izz que dirigieron la operación tengan responsabilidad penal por los asesinatos, toma de rehenes y otros abusos. Tanto para los crímenes de guerra como para los crímenes contra la humanidad, el principio de la “responsabilidad de mando” se aplica a los comandantes militares y otras personas en posición de autoridad que puedan ser consideradas penalmente responsables de los delitos cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo.

Esto incluye situaciones en las que los comandantes sabían o deberían haber estado al tanto de los crímenes cometidos por sus subordinados y no los evitaron o no entregaron a los responsables a las autoridades correspondientes para ser procesados. Los combatientes de estos y otros grupos que ordenaron o llevaron a cabo directamente algún tipo de abuso también deberían ser considerados penalmente responsables.

Human Rights Watch ha documentado previamente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas gubernamentales y progubernamentales de Siria. Entre ellos se destacan la tortura sistemática y las ejecuciones sumarias y extrajudiciales después de las operaciones en tierra, como en Daraya (un suburbio de Damasco) y en las gobernaciones de Tartous, Homs e Idlib. Los abusos cometidos por las fuerzas de oposición en ningún caso justifican las violaciones por parte del gobierno sirio.

El Consejo de Seguridad de la ONU debería imponer un embargo de armas a grupos de todas las partes contra las que existan pruebas creíbles de abusos o crímenes generalizados o sistemáticos contra la humanidad. Human Rights Watch también instó al Consejo de Seguridad de la ONU a promover la justicia para las víctimas de abusos cometidos por todas las partes al referir la situación en Siria a la CPI.

“Las víctimas sirias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad llevan esperando demasiado tiempo a que el Consejo de Seguridad transmita un mensaje claro de que los responsables de estos horribles abusos serán llamados a rendir cuentas”, dijo Stork. “La remisión a la CPI llega con mucho retraso”.

Los ataques y asesinatos
Los combatientes de la oposición atacaron entre las 4:30 y 5 a.m. del 4 de agosto, el primer día de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán. Los combatientes invadieron las posiciones del ejército gubernamental que custodiaban la zona y entraron a más de 10 aldeas alauíes. El gobierno inició el 5 de agosto una ofensiva para retomar la zona; el 18 de agosto recuperó el control total.

En entrevistas independientes, residentes locales y un oficial de la inteligencia militar del gobierno que servía en la zona dijeron a Human Rights Watch que los combatientes de la oposición primero entraron a la zona de Sheikh Nabhan de Barouda, donde estaban posicionados los soldados del gobierno. Una vez que la oposición superó esa y otras posiciones militares cercanas, atacaron las aldeas de Barouda, Nbeiteh , al-Hamboushieh, Blouta, Abu Makkeh, Beyt Shakouhi, Aramo, Bremseh, Esterbeh, Obeen y Kharata. En los días siguientes, los combatientes de la oposición también se hicieron con el control de Qal’ah, Talla y Kafraya.

Catorce residentes de ocho de estas aldeas relataron a Human Rights Watch cómo se despertaron con el sonido de disparos y de morteros y las voces de los combatientes de la oposición que estaban entrando. Describieron cómo trataron de huir frenéticamente, conforme los combatientes de la oposición irrumpieron en la zona, abriendo fuego aparentemente de manera indiscriminada y, en algunos casos, disparando deliberadamente a los residentes.

En algunos casos, los soldados de la oposición ejecutaron o acribillaron a familias enteras. En otros casos, familiares de sobrevivientes tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos. Un residente de la aldea entre Blouta y al-Hamboushieh describió cómo huyó de su casa con su madre cuando los combatientes de la oposición entraron a su barrio, y cómo tuvo que dejar allí a su padre anciano y su tía ciega debido a sus dolencias físicas. El residente contó que cuando regresó a la zona después de que el gobierno retomó la zona, se encontró con que su padre y su tía estaban muertos:

“Mi madre estaba aquí en la casa conmigo. Ella salió de la casa primero y yo detrás de ella. Vimos a los tres combatientes justo en frente de nosotros y luego huimos a pie por detrás de la casa hacia el valle. Los tres soldados que vi iban vestidos de negro. Nos disparaban desde dos direcciones diferentes. Tenían ametralladoras y estaban usando francotiradores. Mi hermano mayor bajó y se escondió con nosotros. Nos escondimos, pero mi padre se quedó en la casa. Fue asesinado en su cama. Mi tía, de 80 años y ciega, también fue asesinada en su habitación. Su nombre es Nassiba.”

Catorce residentes y representantes de los servicios de emergencia, entrevistados por separado, dijeron a Human Rights Watch que presenciaron ejecuciones o vieron cuerpos con signos de haber sido ejecutados, incluyendo algunos cadáveres que estaban atados y otros que habían sido decapitados. Un médico que trabaja en el Hospital Nacional de Latakia, que recibió a los heridos de la zona rural, contó a Human Rights Watch que el hospital recibió 205 cadáveres de civiles asesinados durante la operación del 4 al 18 de agosto.

El doctor mostró a Human Rights Watch un informe médico del hospital redactado el 26 de agosto en el que afirmaba que “la [c]ausa de la muerte de varios de [los cuerpos] fue múltiples heridas de bala en todo el cuerpo, además de heridas de arma blanca llevadas a cabo con un instrumento afilado, dada la decapitación observada en la mayoría de los cuerpos… Algunos cadáveres fueron encontrados en un estado de completa carbonización y otros con los pies atados…” El informe médico refleja que el grado de descomposición en el que fueron hallados los cadáveres es consistente con la teoría de que las víctimas fueron asesinadas alrededor del 4 de agosto.

Toma de rehenes
Según fuentes de la oposición, entre ellos un oficial del ejército de la oposición de Latakia involucrado en las negociaciones, el Estado Islámico de Irak y Sham y Jaish al-Muhayirin wal-Ansar mantienen a más de 200 civiles de los pueblos alauíes como rehenes, la gran mayoría mujeres y niños. Por separado, nueve residentes de la zona rural de Latakia contaron a Human Rights Watch que sus parientes habían sido tomados como rehenes. Tres de ellos dijeron que vieron a sus parientes en el fondo de un video publicado en YouTube el 7 de septiembre. El video mostraba a civiles de la zona como rehenes de Abu Suhaib, el líder local libio de Jaish al-Muhayirin wal-Ansar.

Una residente de Barouda contó a Human Rights Watch que 23 de sus familiares estaban desaparecidos. Dijo que vio a varios de ellos en el video de YouTube: “El hijo mayor de mi hermano… [que fue ejecutado] justo habría empezado la escuela… Él tiene dos hijos, [uno] que tiene seis años y [otro] que tiene cuatro años y medio”.

Otros residentes relataron a Human Rights Watch los casos en los que combatientes de la oposición ejecutaron a adultos varones con familia y luego capturaron a las mujeres y los niños de la familia como rehenes.

Grupos que toman rehenes deben asegurarse de que reciben un trato humano y son inmediatamente puestos en libertad, señaló Human Rights Watch. Los países con influencia sobre estos grupos deberían instarlos a que liberen a los rehenes.

Algunas de las atrocidades cometidas por las fuerzas de la oposición durante la ofensiva tenían una clara motivación sectaria. Por ejemplo, en Barouda, los combatientes de la oposición dañaron intencionalmente un maqam alauí (un lugar sagrado donde está enterrada una figura religiosa) y parece que dañaron y desenterraron intencionadamente la tumba de la figura religiosa enterrada allí. El 4 de agosto, los combatientes de la oposición secuestraron y posteriormente ejecutaron a Sheikh Bader Ghazzal, la autoridad religiosa alauí local en Barouda que presidía el maqam. El grupo de oposición Jabhat al-Nusra publicó una declaración sobre lo que se cree que es su página web, en la que reconocía que sus miembros ejecutaron al jeque, que era pariente de Fadl Ghazzal, un asesor del ex presidente sirio Hafez al-Assad, debido a que apoya el gobierno sirio.

Recomendaciones para gobiernos vecinos y otros países preocupados por la situación
Todos los gobiernos interesados y ​​con influencia sobre los grupos armados de oposición deberían presionarlos para que acaben con los ataques deliberados, indiscriminados y desproporcionados contra civiles, dijo Human Rights Watch. Además, todos los gobiernos, empresas y particulares deberían de dejar inmediatamente de vender o suministrar armas, municiones, equipamiento bélico y fondos a estos grupos, dada la imperiosa evidencia de que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El apoyo a estos cinco grupos debe ser retirado hasta que dejen de cometer estos crímenes y los responsables rindan cuentas plenamente y de manera adecuada. Cualquiera que suministre o venda armas y asistencia militar a estos grupos puede ser cómplice de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Asimismo, los gobiernos no deben permitir el uso de su territorio nacional para el envío de armas, municiones y otros equipamientos bélicos a estos grupos, recomendó Human Rights Watch. De acuerdo con funcionarios de seguridad sirios, informes de prensa, diplomáticos occidentales y las observaciones de periodistas y trabajadores humanitarios, los combatientes extranjeros de estos grupos entran a Siria desde Turquía, país desde el cual también se pasan de contrabando las armas y obtienen dinero y otros suministros, y al que se retiran en busca de tratamiento médico.

Turquía debería aumentar las patrullas fronterizas y evitar la entrada de combatientes y armas para los grupos implicados de manera creíble en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Turquía también debe investigar y enjuiciar, en virtud del principio de la jurisdicción universal y acorde a la legislación nacional, a cualquier persona en Turquía sospechosa de haber cometido, ser cómplice de, o con responsabilidad de mando en los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU y los aliados de Turquía deben instar a Turquía, en particular, a que haga más para verificar que no haya armas que estén pasando a través de Turquía a los grupos abusivos, dijo Human Rights Watch.

Las declaraciones públicas de recaudadores de fondos y financistas, activistas de la oposición y combatientes de la oposición revelan que al menos parte de los fondos para financiar la operación de Latakia provino de personas que residen en Kuwait y otros países del Golfo. Los gobiernos deberían restringir las transferencias de dinero de los residentes del Golfo a grupos creíblemente implicados en abusos sistemáticos de los derechos humanos.

Las leyes de jurisdicción universal también constituyen un respaldo clave contra la impunidad por abusos atroces, sobre todo cuando no existen otras opciones viables de justicia, señaló Human Rights Watch. Países como Turquía deben investigar a las personas sospechosas de estar vinculadas a las atrocidades en Siria, y evitar convertirse en un refugio para violadores de los derechos humanos.

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